El Ayuntamiento impulsa un diagnóstico y un Plan de Acción para declarar el distrito 1 como zona de mercado residencial tensional

El Ayuntamiento de Eibar ha puesto en marcha, en colaboración con la consultora especializada IKEl Research & Consultancy, un proyecto estratégico para analizar en profundidad la situación del acceso a la vivienda en el municipio y avanzar en la posible declaración del Distrito 1 como Zona de Mercado Residencial Tensionado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

La iniciativa parte de un análisis previo que constata que, aunque el conjunto del municipio no cumple los requisitos legales establecidos por la normativa estatal, el Distrito 1 sí reúne las condiciones necesarias para esta declaración. En concreto, el precio del alquiler ha experimentado en esta zona un incremento del 20,3 % en los últimos cinco años, superando el umbral legal que define una situación de tensión en el mercado residencial.

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado es una herramienta prevista para aquellos ámbitos donde existe un riesgo real de que la oferta de vivienda resulte insuficiente o económicamente inaccesible para una parte significativa de la población. En este contexto, el proyecto impulsado por el Ayuntamiento persigue un doble objetivo: por un lado, dotar al municipio de un diagnóstico riguroso y actualizado sobre la situación demográfica, socioeconómica y del mercado de la vivienda; y por otro, elaborar un plan de acción específico a tres años que permita intervenir de forma eficaz y coordinada.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha señalado que “la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos sociales de nuestro tiempo, también en Eibar”. En este sentido, ha subrayado que “este estudio nos permitirá tomar decisiones con datos objetivos, anticiparnos a los problemas y orientar las políticas públicas hacia soluciones realistas que garanticen el derecho a una vivienda digna, especialmente para jóvenes y familias”.

El proyecto se estructura en tres grandes fases. La primera consiste en un diagnóstico exhaustivo que analizará la evolución de los precios, la demanda de vivienda protegida, las características del mercado de alquiler y compraventa, así como el impacto de las políticas públicas de vivienda, a partir de fuentes estadísticas oficiales y de datos propios del Ayuntamiento.

La segunda fase se centrará en la elaboración de un plan de acción específico, apoyado en un proceso participativo que implicará a diferentes áreas municipales como urbanismo, servicios sociales, juventud o igualdad. A través de talleres de trabajo se identificarán y consensuarán las actuaciones prioritarias a desarrollar en los próximos tres años, así como los indicadores necesarios para su seguimiento y evaluación.

La tercera fase culminará con la redacción de una memoria justificativa que recogerá el marco jurídico aplicable, el resumen del diagnóstico, la acreditación del cumplimiento de los requisitos legales y las medidas propuestas. Este documento servirá de base para la solicitud formal de declaración del Distrito 1 como zona tensionada y para la interlocución con el Gobierno Vasco.

El concejal de Urbanismo, Luis Vicente Castellanos, ha destacado que “este trabajo nos permite abordar la cuestión de la vivienda desde una visión integral y planificada”. Según ha explicado, “no se trata solo de constatar un problema, sino de definir medidas concretas, evaluables y coordinadas entre distintas áreas municipales para corregir los desequilibrios del mercado”.

El estudio tendrá una duración aproximada de tres meses, con reuniones de seguimiento quincenales y entregas parciales. Todos los documentos se presentarán en formato digital y en versión bilingüe, en euskera y castellano. El proyecto contará con un equipo multidisciplinar de IKEl, con amplia experiencia en políticas de vivienda y planificación estratégica, y con la participación activa del personal técnico y político del Ayuntamiento de Eibar.

Asimismo, se garantizará la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del proyecto, el uso de un lenguaje no sexista y el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales.