Eibar refuerza sus servicios públicos y amplía las medidas de apoyo a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Eibar llevará al próximo Pleno municipal del 28 de septiembre su propuesta de Ordenanzas Fiscales para 2027, un proyecto que plantea una actualización general del 3,2% en impuestos y tasas municipales, pero que introduce al mismo tiempo numerosas excepciones en servicios considerados de especial interés social. La propuesta, diseñada con el objetivo de garantizar la suficiencia financiera municipal y mantener la calidad de los servicios públicos, incorpora además nuevas medidas de protección social, amplía determinados beneficios fiscales y regula nuevos recursos dirigidos principalmente a las personas mayores. Entre las principales novedades se encuentran las bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para familias monoparentales y personas víctimas de violencia de género o violencia doméstica, la ampliación del abono deportivo familiar hasta los 25 años, la regulación de las viviendas tuteladas y del nuevo Servicio Municipal de Atención Diurna para Personas Mayores y la creación del Impuesto sobre Estancias Turísticas.

La actualización general del 3,2% toma como referencia la evolución del IPC y responde, según el Gobierno municipal, a la necesidad de adaptar progresivamente la fiscalidad local a la evolución de los costes. El Ayuntamiento recuerda que durante años mantuvo congelada buena parte de sus impuestos y tasas con el objetivo de acompañar a la ciudadanía durante momentos especialmente difíciles desde el punto de vista económico y social. Aquella decisión, sostiene el Ejecutivo, fue necesaria y adecuada al contexto de entonces, pero la evolución posterior de los costes de los contratos municipales, la energía, los suministros y el funcionamiento de los servicios ha llevado al Consistorio a iniciar desde hace algunos años una senda de actualización gradual y responsable. El propósito de esta política es recuperar progresivamente la capacidad financiera necesaria para mantener unos servicios públicos de calidad y garantizar también la capacidad municipal para afrontar nuevas inversiones y necesidades.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola y secretario General del PSE-EE, ha defendido que las Ordenanzas Fiscales deben entenderse desde una doble responsabilidad: mantener unas cuentas municipales sostenibles y garantizar que los recursos disponibles se traduzcan en servicios públicos de calidad para la ciudadanía. «La responsabilidad de un Ayuntamiento es cuidar de sus cuentas, pero también cuidar de las personas y de la ciudad. No se trata únicamente de cuánto se recauda, sino de qué servicios somos capaces de ofrecer con esos recursos y de que Eibar siga siendo una ciudad con unos servicios públicos fuertes, accesibles y de calidad», ha señalado. Iraola ha destacado que la propuesta combina una actualización moderada de determinados impuestos y tasas con la congelación de servicios especialmente vinculados al día a día de la ciudadanía y con nuevas medidas sociales. «Hemos querido hacer un ejercicio de equilibrio y de responsabilidad. Sabemos que cualquier actualización fiscal tiene un impacto en las familias, y por eso hemos decidido mantener congeladas tarifas importantes, ampliar medidas de apoyo e introducir nuevas bonificaciones. La prioridad es que los recursos públicos se traduzcan en mejores servicios y en una ciudad que siga respondiendo a las necesidades de sus vecinos y vecinas», ha añadido.

Por su parte, el concejal de Hacienda, el socialista Luis Vicente Castellanos, ha situado la actualización del 3,2% en una perspectiva de planificación económica a medio y largo plazo. «Gestionar las cuentas públicas exige tomar decisiones responsables. Durante años congelamos buena parte de los impuestos y tasas para acompañar a la ciudadanía en momentos complicados, pero mantener indefinidamente esa situación cuando aumentan los costes de los servicios acabaría poniendo en riesgo nuestra capacidad para mantenerlos», ha explicado. Castellanos ha insistido en que la propuesta no plantea una subida indiscriminada, sino una actualización acompañada de excepciones y medidas de protección. «Responsabilidad fiscal no significa únicamente recaudar; significa garantizar que el Ayuntamiento pueda seguir prestando servicios, mantener su capacidad de inversión y responder a las necesidades de la ciudadanía. Por eso congelamos tarifas en ámbitos como el deporte o el transporte, reforzamos las bonificaciones sociales y hacemos que determinados servicios se paguen en función de la capacidad económica de cada persona», ha señalado.

Desde EAJ-PNV, su portavoz Alberto de la Hoz Gorriti ha defendido que “hemos acordado unas tasas que garanticen el correcto funcionamiento de los servicios públicos que presta el ayuntamiento en un entorno de incremento de costes general, e incorporado además medidas de protección social. No creemos en las subidas lineales sin complementarlas con otras medidas que ayuden a su contención. Este año vamos a buscar fórmulas de recaudación que recaigan sobre aquellos que no respetan la limpieza viaria. El coste de mantenimiento de nuestras calles es cada vez mayor, en gran parte originado por comportamientos incívicos de algunos y algunas, por lo que apostamos a que este coste se repercuta incrementando en importe de las sanciones. Quien ensucie, que pague más, sería injusto que fuera de otra manera. Nos comprometemos por lo tanto a incrementar el importe de las sanciones por incumplimiento de limpieza viaria”

Una subida que no afectará a todos los servicios

Precisamente, una de las características principales de las nuevas Ordenanzas Fiscales es que el incremento general del 3,2% no se trasladará a todos los servicios municipales. El Ayuntamiento ha optado por mantener sin cambios las tarifas de distintos ámbitos considerados especialmente relevantes desde el punto de vista social, cultural o de servicio público. Entre ellos se encuentran los precios públicos y las tasas del cine comercial, el servicio de mercados, las instalaciones deportivas municipales —incluidos los abonos, las actividades, los cursos y la utilización de las instalaciones— y el transporte urbano de viajeros, cuya congelación pretende contribuir también a favorecer la movilidad sostenible y el uso del transporte público. Las viviendas tuteladas y los pisos de acogida tampoco experimentarán esta actualización general, mientras que la retirada de vehículos de la vía pública y los depósitos municipales serán objeto de una revisión específica. El Museo de la Industria Armera queda igualmente al margen de la actualización, en un momento en el que el modelo de este servicio se encuentra actualmente en revisión.

El Gobierno municipal considera que este conjunto de excepciones demuestra que la propuesta no responde a una subida indiscriminada de impuestos y tasas ni está guiada exclusivamente por un criterio recaudatorio. La decisión de congelar determinados precios busca proteger especialmente aquellos servicios que tienen una incidencia directa en ámbitos como el deporte, el transporte público, la atención a las personas mayores, la protección social o el acceso a la cultura. El concejal de Hacienda ha defendido esta orientación señalando que «si el objetivo fuera simplemente recaudar más, la actualización se habría aplicado a todos los servicios». En este sentido, el Ejecutivo local considera que la propuesta busca compatibilizar la necesidad de adaptar los ingresos municipales al aumento de los costes con el mantenimiento de servicios que tienen una incidencia directa sobre la vida cotidiana de la ciudadanía.

Nuevas bonificaciones en el IBI

Las Ordenanzas Fiscales para 2027 introducen también cambios en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para adaptar la normativa municipal a la nueva regulación foral y ampliar las situaciones que pueden beneficiarse de bonificaciones. Una de las principales novedades será la incorporación de las familias monoparentales al régimen de beneficios fiscales. De esta manera, el Ayuntamiento reconoce expresamente una realidad familiar que hasta ahora no estaba incluida en estas bonificaciones y permite que estos hogares puedan acceder al régimen aplicable a su vivienda habitual atendiendo a sus ingresos y a sus circunstancias familiares.

La propuesta contempla igualmente nuevas bonificaciones para personas víctimas de violencia de género o de violencia doméstica. En el caso de las familias numerosas, las familias monoparentales y las personas víctimas de violencia, los porcentajes de bonificación estarán vinculados al nivel de ingresos de la unidad familiar, de forma que la protección fiscal tenga en cuenta la capacidad económica de cada hogar. El planteamiento pretende concentrar una mayor ayuda en aquellas personas y familias con menos recursos o que atraviesan situaciones de especial vulnerabilidad. El Gobierno municipal defiende que esta progresividad debe traducirse en medidas concretas y no únicamente en una declaración de principios, incorporando nuevas realidades familiares y reforzando la protección de quienes cuentan con menos recursos.

Junto a estas nuevas medidas, las ordenanzas mantienen la bonificación del 50% de la cuota del IBI para las viviendas cedidas al programa Bizigune. El Ayuntamiento pretende seguir incentivando mediante esta vía que las viviendas desocupadas puedan incorporarse a un programa público de alquiler y cumplir así efectivamente una función residencial. La bonificación se mantiene como una herramienta para favorecer la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler dentro de un programa público.

El abono deportivo familiar se amplía hasta los 25 años

En el ámbito deportivo, una de las principales novedades será la ampliación hasta los 25 años de la edad de los hijos e hijas que pueden permanecer incluidos en el abono deportivo familiar cuando continúan realizando estudios. La modificación pretende adaptar la regulación municipal a una realidad social en la que la emancipación juvenil se produce cada vez más tarde y en la que los estudios universitarios, profesionales y de posgrado se prolongan durante más años. El Ayuntamiento considera que esta situación hace que numerosas familias continúen sosteniendo económicamente a sus hijos e hijas después de los 21 años, por lo que la regulación actual no refleja completamente las circunstancias económicas de muchos hogares.

La medida permitirá, por tanto, que los jóvenes que continúen estudiando puedan seguir beneficiándose del abono familiar y acceder a la práctica deportiva municipal durante más tiempo. Todo ello se plantea además en un contexto en el que las tarifas de las instalaciones deportivas, los abonos, las actividades y los cursos permanecerán congeladas en 2027. El Gobierno municipal considera que la modificación permite adaptar la política deportiva a las circunstancias económicas actuales de las familias y facilitar que la población joven pueda continuar realizando actividad física y utilizando las instalaciones municipales.

Viviendas tuteladas para favorecer la autonomía de las personas mayores

La atención a las personas mayores ocupa también un espacio destacado dentro de las nuevas Ordenanzas Fiscales. El proyecto regula las viviendas tuteladas destinadas a personas mayores de 65 años con dependencia de grado I o que necesitan apoyos de baja intensidad para poder mantener una vida autónoma. Se trata de un recurso pensado para personas que pueden tener dificultades de accesibilidad o habitabilidad en su vivienda habitual o que se encuentran en riesgo de aislamiento social, ofreciéndoles una alternativa residencial que permita mantener su autonomía y continuar vinculadas a su entorno.

La tasa de referencia para las viviendas tuteladas se establece en 700 euros mensuales, aunque la aportación efectiva de cada persona usuaria se ajustará a su capacidad económica. El sistema establece que las personas con ingresos superiores al 150% de la RGI abonarán el 100% de la tasa, mientras que quienes tengan ingresos situados entre el 100% y el 150% de la RGI abonarán el 75%. Para las personas con ingresos iguales o inferiores al 100% de la RGI, la aportación será del 50%. Además, se establecen límites patrimoniales con el objetivo de garantizar que las reducciones de la aportación se concentren en aquellas personas que necesitan una mayor protección pública. De esta manera, el coste del servicio se adapta a las circunstancias económicas de cada unidad convivencial.

Nuevo Servicio Municipal de Atención Diurna

Las ordenanzas incorporan asimismo el nuevo Servicio Municipal de Atención Diurna para Personas Mayores, concebido para favorecer la autonomía, la permanencia en el entorno habitual y la participación social de sus usuarios. El nuevo recurso pretende ofrecer apoyos a las personas mayores antes de que puedan producirse situaciones de dependencia más severa o aislamiento social, permitiendo que continúen vinculadas a su entorno habitual y mantengan una mayor autonomía en su vida cotidiana.

La tasa de referencia de este servicio será de 100 euros mensuales, aunque, al igual que ocurre con las viviendas tuteladas, la aportación final se graduará teniendo en cuenta los ingresos y el patrimonio de la persona usuaria. El Gobierno municipal considera que tanto este nuevo servicio como las viviendas tuteladas representan una aplicación concreta del principio de progresividad, ya que las personas con menor capacidad económica asumirán una aportación menor y aquellas que dispongan de mayores recursos contribuirán en mayor medida al coste del servicio.

El Ejecutivo local sitúa estas medidas dentro de una política de cuidados que pretende reforzar la autonomía de las personas mayores y evitar que las respuestas municipales lleguen únicamente cuando aparecen situaciones de dependencia severa. La creación y regulación de estos recursos busca ofrecer alternativas que permitan a las personas mayores continuar vinculadas a su entorno y recibir apoyos adecuados a sus necesidades.

Nuevo impuesto sobre las estancias turísticas

Otra de las novedades que recoge la propuesta será la creación del Impuesto sobre Estancias Turísticas, previsto en la nueva normativa foral. El objetivo es que las personas que se alojan temporalmente en Eibar contribuyan también al sostenimiento de los servicios municipales y de los espacios públicos que utilizan durante su estancia en la ciudad. El Ayuntamiento plantea unas tarifas situadas en la zona baja o media de los márgenes permitidos y establece, entre otros casos, una tarifa de 1,25 euros para los hoteles de dos estrellas.

El impuesto incluirá además una serie de exenciones destinadas a determinadas situaciones. Quedarán exentos los menores de edad, las personas con discapacidad o dependencia, quienes se desplacen por razones de salud, las personas que realicen estancias relacionadas con estudios y quienes se encuentren en situaciones de fuerza mayor. El Gobierno municipal sostiene que la finalidad de esta nueva figura tributaria no reside tanto en la cuantía económica que pueda generar como en el principio de corresponsabilidad que pretende introducir, de manera que las personas que visitan Eibar y utilizan sus servicios y espacios públicos durante una estancia temporal contribuyan también, aunque sea de forma reducida, a su mantenimiento.

Revisión de las sanciones de la Ordenanza de Limpieza

El proyecto incluye también un compromiso para revisar la Ordenanza Reguladora de la Limpieza Pública, dentro del acuerdo alcanzado por los grupos que integran el Gobierno municipal. Entre los aspectos que se estudiarán se encuentra la actualización de las cuantías de las sanciones previstas para las infracciones relacionadas con la limpieza, el mantenimiento del espacio público y la convivencia. Actualmente, el artículo 40 establece sanciones de hasta 60 euros para las infracciones leves, 120 euros para las graves y 450 euros para las muy graves.

El Ayuntamiento considera que estas cuantías permanecen prácticamente inalteradas desde la conversión de pesetas a euros y entiende que ha llegado el momento de estudiar una actualización proporcionada. El objetivo declarado no es incrementar la recaudación municipal, sino recuperar la capacidad preventiva y disuasoria de unas sanciones que, con el paso del tiempo, han perdido parte de su efecto. La revisión buscará reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la limpieza y el cuidado del espacio público, manteniendo en todo caso un criterio de proporcionalidad y una finalidad preventiva y educativa.

El Gobierno municipal considera que los comportamientos incívicos relacionados con el abandono de residuos, la suciedad en la vía pública o el deterioro de espacios comunes generan un coste para el conjunto de la ciudadanía, ya que obligan en determinados casos a realizar actuaciones extraordinarias de limpieza y mantenimiento. Por ello, la futura revisión pretende que las sanciones recuperen su capacidad de disuasión sin perder su carácter educativo y proporcional.

Un equilibrio entre sostenibilidad financiera y protección social

Con el conjunto de las medidas planteadas, el Gobierno municipal considera que las Ordenanzas Fiscales para 2027 buscan mantener un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento, la calidad de los servicios públicos y la protección de las personas y colectivos que necesitan un mayor apoyo. La propuesta plantea una actualización general del 3,2% en impuestos y tasas, pero evita aplicar ese incremento a numerosos servicios de especial interés público, al tiempo que introduce nuevas bonificaciones fiscales, amplía determinados beneficios y crea mecanismos de aportación progresiva para los recursos destinados a las personas mayores.

El proyecto combina así la actualización de una parte de la fiscalidad municipal con el mantenimiento de las tarifas de servicios como el deporte, el transporte urbano, el cine comercial, los mercados, las viviendas tuteladas y los pisos de acogida. A ello se suman nuevas bonificaciones del IBI para familias monoparentales y personas víctimas de violencia, el mantenimiento de la bonificación del 50% para las viviendas incorporadas al programa Bizigune, la ampliación del abono deportivo familiar hasta los 25 años y la regulación de nuevos recursos de atención a las personas mayores. La creación del impuesto sobre estancias turísticas y el compromiso de revisar las sanciones de la Ordenanza de Limpieza completan un proyecto que el Gobierno municipal define como una propuesta de actualización gradual y responsable.

El alcalde Jon Iraola ha insistido en que detrás de las cifras de las ordenanzas existe una decisión sobre el modelo de ciudad y sobre la capacidad del Ayuntamiento para seguir respondiendo a las necesidades de la ciudadanía. «La responsabilidad de un Ayuntamiento es cuidar de sus cuentas, pero también cuidar de las personas y de la ciudad. No se trata únicamente de cuánto se recauda, sino de qué servicios somos capaces de ofrecer con esos recursos y de que Eibar siga siendo una ciudad con unos servicios públicos fuertes, accesibles y de calidad», ha señalado. En su opinión, la propuesta busca precisamente que la actualización de los ingresos municipales permita sostener y mejorar la atención que recibe la ciudadanía sin renunciar a medidas de protección para quienes más lo necesitan.

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Alberto de la Hoz comentaba que “debemos garantizar la calidad del servicio público municipal en un entorno donde la carestía de los suministros hace que los proyectos y el mantenimiento de estos se encarezca sobremanera. Esto es una gestión responsable. Además, defendemos que las Ordenanzas municipales deben estar actualizadas a la nueva realidad y también es nuestra obligación buscar fórmulas de recaudación que sirvan para prevenir situaciones en nuestras calles que acarrean aumentos en los costes de conservación que pagamos todas y todos. En cuanto a limpieza, tenemos una cuenta pendiente que vamos a abordar con decisión. Hoy, toca hablar de que el que ensucie o la que ensucie, va a pagar más.”

En la misma línea, Luis Vicente Castellanos ha defendido que la responsabilidad financiera debe contemplar tanto las necesidades actuales como la capacidad del Ayuntamiento para afrontar las de los próximos años. «Responsabilidad fiscal no significa únicamente recaudar; significa garantizar que el Ayuntamiento pueda seguir prestando servicios, mantener su capacidad de inversión y responder a las necesidades de la ciudadanía», ha explicado. El concejal de Hacienda ha subrayado que la propuesta trata de combinar esa responsabilidad con medidas concretas de protección, desde la congelación de determinadas tarifas hasta las nuevas bonificaciones sociales y el sistema progresivo de aportaciones para los servicios dirigidos a las personas mayores.

El Gobierno municipal resume así las Ordenanzas Fiscales para 2027 como una propuesta que pretende combinar responsabilidad financiera, protección social y mantenimiento de los servicios públicos. «Presentamos una propuesta seria, equilibrada y responsable. Una propuesta que protege a los colectivos que necesitan mayor apoyo, mantiene la capacidad municipal para invertir y garantiza que Eibar continúe contando con unos servicios públicos fuertes y de calidad», concluye el Ejecutivo local.